Al ciudadano común se le investiga, se le cita, se le embarga y se le procesa sin pedir autorización política. Pero cuando una persona poderosa ocupa un cargo público, aparecen procedimientos especiales, declaraciones de procedencia, recursos interminables, influencias y silencios institucionales.
¿Por qué una persona común enfrenta inmediatamente la ley, mientras funcionarios investigados conservan poder, protección y privilegios?
La Constitución declara que ninguna persona o corporación puede gozar de fuero; sin embargo, también exige una declaración de procedencia de la Cámara de Diputados antes de procesar penalmente a determinados funcionarios. No es una absolución automática, pero sí representa un filtro político que el ciudadano común no tiene.
Esta campaña ciudadana cuestiona las estructuras políticas construidas y utilizadas durante décadas por gobiernos, dirigentes y funcionarios vinculados al PRI y al PAN. No pretende sustituir a los tribunales ni declarar culpabilidades sin pruebas. Cada acusación concreta deberá estar respaldada por auditorías, resoluciones, contratos, expedientes judiciales y documentos oficiales.
Nos dijeron que nadie está por encima de la ley. Pero el pueblo observa cómo algunos expedientes avanzan lentamente, las responsabilidades prescriben, las investigaciones cambian de fiscal, los recursos legales se acumulan y muchas personas señaladas continúan ocupando cargos públicos.
La Constitución establece que el juicio político solamente puede iniciarse durante el cargo y hasta un año después. También dispone que la responsabilidad penal prescribe conforme a la legislación penal, aunque el plazo se interrumpe mientras determinados funcionarios permanecen en el cargo. Para las faltas administrativas graves, la ley actualmente establece un plazo de prescripción de siete años.
¿Por qué el paso del tiempo debe beneficiar a quien presuntamente dañó el patrimonio público? ¿Quién responde cuando una investigación se retrasa hasta que prescribe? ¿Por qué el pueblo pierde hospitales, escuelas, seguridad y oportunidades, mientras los responsables pueden conservar propiedades, empresas, contratos y poder político?
El juicio de amparo es un derecho fundamental que protege a todas las personas contra actos, omisiones o normas que vulneren sus derechos humanos. El problema no es la existencia del amparo, sino la desigualdad para utilizarlo y cualquier estrategia que pretenda convertirlo en un mecanismo de retraso, opacidad o impunidad.
No exigimos eliminar el derecho de defensa. Exigimos que la defensa jurídica no dependa de tener millones de pesos, abogados influyentes o relaciones políticas. Exigimos procedimientos rápidos, resoluciones públicas y consecuencias para quienes presenten recursos únicamente con la finalidad de retrasar la justicia.
La desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares ya son delitos imprescriptibles. La ley también prohíbe amnistías, indultos o medidas semejantes que impidan investigar, procesar, sancionar y conocer la verdad.
Entonces debemos preguntar: ¿Por qué siguen existiendo familias buscando solas? ¿Por qué se pierden pruebas, se retrasan búsquedas y se fragmentan investigaciones? ¿Quién responde por cada omisión de las autoridades?
Una ley escrita no devuelve por sí sola a una persona desaparecida. Se necesitan investigaciones independientes, recursos suficientes, protección para las familias y sanciones reales contra toda autoridad que obstruya, oculte información o abandone una búsqueda.
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El pueblo mexicano está cansado de escuchar que "se investigará", que "no existen elementos suficientes" o que "el caso continúa abierto", mientras pasan los años y nada cambia. Estamos cansados de que el daño sea público, pero las responsabilidades permanezcan ocultas. Estamos cansados de que las pérdidas las pague el pueblo y los privilegios los conserve el poder.
Esta página nace del coraje, la impotencia y el cansancio de generaciones que han visto cómo funcionarios vinculados al PRI y al PAN prometen combatir prácticas que sus propias estructuras ayudaron a perpetuar, manteniendo a México arrodillado ante la corrupción, los privilegios y la impunidad.
No exigimos condenas sin pruebas. Exigimos pruebas investigadas sin interferencia.
No exigimos eliminar derechos. Exigimos que esos derechos sean iguales para todos.
No exigimos persecución política. Exigimos que pertenecer a un partido político nunca vuelva a significar protección frente a la justicia.
LA LEY DEBE ALCANZAR AL PODER.
LA JUSTICIA DEBE ALCANZAR A TODOS.
MÉXICO NO PUEDE CONTINUAR ESPERANDO.