La cancelación del registro de un partido político en México solo puede ser determinada por las autoridades electorales, siguiendo procedimientos constitucionales y legales establecidos. Esta campaña impulsa la solicitud ciudadana; no sustituye ni ordena dicho procedimiento.
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Actualmente, la legislación no contempla la corrupción histórica por sí sola como causal automática de cancelación. Por ello, esta campaña también exige reformas constitucionales y electorales que amplíen las causales de pérdida de registro.