EXIGIMOS QUE SE INVESTIGUE LEGALMENTE LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DEL PRI Y DEL PAN.
Nuestra exigencia no nace del odio, ni de una diferencia ideológica. Nace de hechos documentados, resoluciones electorales y décadas de impunidad que los mexicanos tenemos derecho a cuestionar.
Estamos cansados de que se le pida al pueblo olvidar. Estamos cansados de escuchar que todo quedó en el pasado mientras los partidos continúan conservando registro, prerrogativas y acceso a recursos públicos.
LAS MULTAS SE PAGAN. EL DAÑO INSTITUCIONAL PERMANECE.
En el caso conocido como Pemexgate, el Tribunal Electoral documentó que el PRI omitió reportar 500 millones de pesos recibidos indebidamente en apoyo de la campaña presidencial del año 2000. La sanción impuesta implicó retenciones de financiamiento público hasta alcanzar 1,000 millones de pesos. Eso no es un rumor de redes sociales: es un antecedente registrado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el caso Amigos de Fox, relacionado con la campaña presidencial de 2000, el Tribunal Electoral determinó la existencia de un sistema de financiamiento paralelo ilegal y concluyó que el Partido Acción Nacional tuvo conocimiento y participó activamente en ese sistema. La sanción determinada contra el PAN ascendió a $399,135,803.60 pesos. El propio Tribunal calificó aquel esquema como una conducta grave que puso en riesgo la certeza sobre el origen y destino de los recursos electorales.
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¿Cuántos años deben transcurrir antes de que las instituciones mexicanas analicen no solamente la responsabilidad individual de políticos, sino también la responsabilidad institucional de los partidos que los postulan, respaldan y llevan al poder?
No estamos diciendo que pertenecer al PRI o al PAN convierta automáticamente a una persona en delincuente. Tampoco afirmamos que los delitos cometidos por un servidor público puedan atribuirse automáticamente a todo su partido. Precisamente por eso exigimos investigaciones, expedientes, pruebas y resoluciones conforme a derecho.
Pero tampoco aceptamos el extremo contrario: pretender que un partido político nunca debe responder institucionalmente por conductas graves relacionadas directamente con su operación electoral. El propio Tribunal Electoral ha establecido que, bajo determinadas circunstancias, los partidos pueden responder por conductas ilícitas de dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o terceros cuando éstas se producen dentro del ámbito de actividad o interés del instituto político.
Porque una multa, incluso enorme, no cancela automáticamente el registro de un partido político. La Ley General de Partidos Políticos establece causas específicas para la pérdida del registro. Entre ellas se encuentra "incumplir de manera grave y sistemática" las obligaciones establecidas por la normatividad electoral, determinación que debe realizar la autoridad electoral mediante el procedimiento correspondiente.
En 2026, el propio Instituto Nacional Electoral continúa reconociendo tanto al Partido Acción Nacional como al Partido Revolucionario Institucional como partidos políticos nacionales con registro.
Y precisamente ahí está nuestra indignación: no preguntamos por qué una multa de hace veinte años no produjo automáticamente una cancelación que la ley no establecía de esa manera. Preguntamos algo mucho más serio:
¿SE HA INVESTIGADO DE MANERA INTEGRAL SI LA ACUMULACIÓN DE CONDUCTAS SANCIONADAS PUEDE CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO GRAVE Y SISTEMÁTICO? ESA ES LA DISCUSIÓN QUE MÉXICO MERECE.
Exigimos que las autoridades electorales competentes revisen, documenten y hagan públicos los antecedentes firmes relacionados con ambos partidos.
Exigimos que se diferencie claramente entre denuncias, investigaciones abiertas, sanciones administrativas, resoluciones firmes y condenas penales. Exigimos que ninguna persona sea declarada culpable sin sentencia.
Pero exigimos exactamente lo mismo del otro lado: que ningún partido político sea protegido de las consecuencias legales cuando existan pruebas suficientes para aplicar la ley.
Si después de una investigación completa se acredita el supuesto legal de incumplimiento grave y sistemático, entonces exigimos que se aplique el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos y se tramite la pérdida del registro correspondiente.
No queremos venganza.
No queremos sustituir tribunales por redes sociales.
No queremos fabricar culpables.
QUEREMOS CONSECUENCIAS.
QUEREMOS QUE FUNCIONEN LOS TRIBUNALES.
QUEREMOS QUE LAS PRUEBAS TENGAN CONSECUENCIAS.
Porque una democracia donde los ciudadanos tienen obligaciones, pero las organizaciones políticas pueden acumular escándalos y sanciones sin enfrentar una revisión institucional profunda, es una democracia que pierde credibilidad ante su propio pueblo.
México merece partidos que entiendan que administrar recursos públicos y competir por el poder no es un privilegio eterno. Es una responsabilidad. Y cuando esa responsabilidad se viola de manera grave y sistemática, la propia ley contempla la pérdida del registro.
YA NO QUEREMOS IMPUNIDAD DISFRAZADA DE NORMALIDAD.
QUEREMOS INVESTIGACIÓN. QUEREMOS TRANSPARENCIA. QUEREMOS RESPONSABILIDAD.
QUEREMOS QUE LA LEY SE APLIQUE A TODOS.
Si existen pruebas suficientes para cancelar legalmente un partido político, que se proceda. Si no existen, que la autoridad explique públicamente por qué. Pero lo que México ya no debe aceptar es el silencio.
LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS NO ESTÁN POR ENCIMA DEL PUEBLO NI POR ENCIMA DE LA LEY.